El inquisidor bueno

Alonso Salazar y Frías

Alonso de Salazar y Frías fue sacerdote e inquisidor español, nacido en 1564.

Lo que se esperaba de los inquisidores era hacer “justicia” en nombre de Dios. Pero al contrario de los demás, Alonso de Salazar era la excepción de los malvados inquisidores.

Alonso de Salazar se incorporó en julio de 1610 al tribunal de Logroño, donde los inquisidores Alonso Becerra y Juan de Valle ya tenían abierto un gran proceso por brujería (en el que se mostraron mucho más intolerantes que Alonso). Este proceso fue la última causa por brujería que se produjo en España y tuvo lugar en las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdax.

Este proceso se inició por el supuesto testimonio de María de Ximildegui, una vecina de Zugarramurdi, que confesó haber participado en aquelarres y en ver como se hacían, orgías, apariciones demoniacas y ritos de brujería. Este testimonio fue convalidado por otros testimonios de vecinos.

Veintinueve personas fueron acusadas de tales actos. Alonso de Salazar, al incorporarse tardíamente al juicio, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas.

En 1611, tras el auto de fe, dieciocho culpables por brujería fueron perdonados, seis fueron quemados en la hoguera y cinco quemados dentro de una efigie. Al contrario que los demás inquisidores, Alonso Salazar empezó a dudar de la culpabilidad de los condenados. Estas opiniones empezaron a ser secundadas por otros importantes clérigos que atribuían las confesiones a la superstición y a la incultura, tales como el obispo de Pamplona, Venegas y Figueroa.

Representación de brujas de Zugarramurdi en la hoguera

Debido a las dudas de estos clérigos, Alonso fue mandado a los pueblos involucrados para recabar información de los testimonios y recabar pruebas fiables y contundentes. Lo que encontró fueron miles de testimonios de gente que se contradecía y ninguna prueba de actos de brujería ni de aquelarres.

En 1613, Alonso de Salazar denunció la precaria instrucción que se realizó, y concluyó en que no era posible demostrar si había habido brujería o no, debido a que los testimonios que recabaron eran prácticamente imposibles, como ver volar a las brujas, lo fácil que era estar en un aquelarre y el testimonio de niños, los cuales nunca estuvieron en los actos de las supuestas brujas.

En 1614 el Supremo de la inquisición promulgó instrucciones de obligado cumplimiento, que seguían fielmente las recomendaciones dadas por Alonso Salazar y que formaron la base de la jurisprudencia.

Además se siguieron las recomendaciones de Alonso Salazar de mantener en lo posible la discreción sobre estos casos para evitar el contagio y la paranoia sobre la existencia de brujería.

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